Prohibir A Los Funcionarios Del Gobierno Hablar Con Las Grandes Tecnológicas No Es Una Victoria Para La Libertad De Expresión
Por Suzanne Nossel
El martes, un juez federal prohibió las comunicaciones entre gran parte del Gobierno federal y las plataformas de redes sociales. El caso se presentó a instancias de dos fiscales generales republicanos y varias personas para alegar que el Gobierno censuró de manera inconstitucional el derecho de los conservadores a expresarse en Internet.
El problema de la interferencia del Gobierno respecto a lo que pueden publicar las plataformas de redes sociales es real. Pero la solución del juez, detener de manera generalizada el contacto entre el Gobierno y las grandes empresas tecnológicas, es dudosa desde el punto de vista jurídico y peligrosa desde el punto de vista práctico. Es importante que la libertad de expresión en Internet, independientemente del punto de vista político, se desarrolle sin temor a la censura. Pero también es primordial que se permita al Gobierno colaborar con los gigantes de las redes sociales para abordar los daños manifiestos derivados del contenido en Internet.
La solución no reside en esta prohibición, sino en exponer al escrutinio las comunicaciones del Gobierno con las empresas tecnológicas para que ambas partes sean responsables de garantizar que sus relaciones sirvan al interés público.
La administración Biden apeló la decisión de 155 páginas del juez Terry A. Doughty, que sigue vigente a medida que avanza el caso. Dado el vasto dominio que las empresas de redes sociales ejercen sobre el discurso público, existe una preocupación real por la posibilidad de que las autoridades utilicen las plataformas para castigar a los críticos, invadir la privacidad y limitar el discurso político. No obstante, en lugar de centrarse radicalmente en las facetas más preocupantes de la interacción del Gobierno con las empresas tecnológicas, la orden sumaria del juez prohíbe incluso los intercambios rutinarios y cruciales entre el Gobierno y las plataformas en relación con temas como la seguridad infantil y la salud pública.
De hecho, esta prohibición casi total sin precedentes es, por sí misma, una gran infracción de la libertad de expresión. Aunque la orden prevé excepciones, como en el caso del contenido relacionado con conductas delictivas y la seguridad nacional, esos resquicios son demasiado estrechos. No permitirán que los funcionarios gubernamentales alerten a las empresas de redes sociales cuando, por ejemplo, se hagan virales curas falsas para una enfermedad que hace estragos u otras formas de charlatanería peligrosa. Tampoco permitirán que el Gobierno participe en la lucha contra la información falsa sobre los resultados electorales. Las organizaciones que vigilan a las empresas tecnológicas también temen que esta decisión dé a los gigantes de Internet una excusa cómoda para reducir sus costosos esfuerzos por eliminar la desinformación, el acoso y otros tipos de contenido peligroso de sus plataformas, con el argumento de que no pueden correr el riesgo de que se les considere al servicio del Gobierno.
Por todos estos motivos, es importante que un tribunal superior revoque la decisión de Doughty. No obstante, en la opinión del tribunal se encuentran ocultas algunas afirmaciones sobre los contactos del Gobierno con las empresas de redes sociales que suscitan una verdadera preocupación.
A medida que se desarrollaba la pandemia de COVID-19, las autoridades intentaron, en la medida de lo razonable, frenar la difusión de afirmaciones sobre salud pública que contradecían las pruebas reales y las recomendaciones de los organismos sanitarios. Sin embargo, en algunos casos, que la pandemia tuviera un carácter sin precedentes y se propagara rápidamente provocó que las autoridades de salud pública trataran de aplacar puntos de vista que deberían haber sido objeto de un debate abierto. Una demandante afirma que sus publicaciones, en las que cuestionaba la eficacia de las mascarillas obligatorias para los niños, se censuraron en Facebook y en otras plataformas por órdenes del Gobierno. Ahora sabemos, hecho que no sabíamos en una fase anterior de la pandemia, que poner una mascarilla a los niños ofrece beneficios limitados. Por ello, los esfuerzos por silenciar los debates sobre esta cuestión ahora parecen desatinados.
Otras personas afirman que los funcionarios del Gobierno trataron de evitar los debates en Internet sobre la teoría de la "filtración del laboratorio" que vinculaba el origen del COVID al trabajo de un instituto de virología en Wuhan, China. Si bien ello sigue sin demostrarse, los esfuerzos del Gobierno chino y de otros actores para evitar que la teoría ni siquiera se evaluara impidieron una comprensión clara del origen de la pandemia. El caso también implica la supuesta eliminación de publicaciones y cuentas relacionadas con la familia Biden, algo que puede haber estado motivado tanto por el deseo de proteger al presidente y a sus familiares como por cuestiones de desinformación.
El Gobierno argumentó que, en muchos casos, sus propuestas consistieron en señalar y expresar su preocupación por un contenido específico, en lugar de exigir que se eliminara. Sin embargo, incluso las llamadas amistosas de los funcionarios pueden interpretarse como un medio de intimidación.
El Consejo asesor de contenido de Meta, del que formo parte, es un órgano de expertos independientes al que la empresa encarga revisar las decisiones de moderación de contenido. El Consejo documentó cómo Facebook e Instagram dan privilegios a usuarios determinados, entre ellos funcionarios gubernamentales, al permitirles más libertad para hacer publicaciones que, de otro modo, se eliminarían rápidamente por infringir las normas de la empresa. El hecho de que estos funcionarios también cuenten con un acceso especial para lograr que se eliminen las publicaciones problemáticas muestra también cómo las plataformas pueden ayudar a quienes ostentan el poder, a menudo de forma oculta. Mientras los usuarios comunes que luchan contra el acoso en Internet o la información falsa pueden sentir que están gritando al vacío, para los altos funcionarios es más fácil que se atiendan sus peticiones. Aunque esta influencia única puede utilizarse de forma responsable para proteger a los ciudadanos de daños en Internet, también plantea riesgos.
La mayoría de los ejemplos citados en la decisión de Doughty parecen implicar a funcionarios bienintencionados que se esfuerzan con sinceridad en evitar daños graves en Internet. Pero no se puede asumir que las relaciones amistosas entre los Gobiernos y las empresas de redes sociales son benignas.
Hemos visto en todo el mundo cómo los Gobiernos empleaban conceptos como la desinformación y las noticias falsas para silenciar a los críticos. Las plataformas tecnológicas han sido a veces cómplices de la represión, y se han centrado en mantener contentos a los interlocutores gubernamentales para evitar cierres y otros problemas legales que podrían perjudicar las operaciones y reducir los beneficios. Antes de las elecciones de mayo en Turquía, Twitter anunció que estaba atendiendo las solicitudes del Gobierno de cerrar las cuentas que criticaran al presidente Recep Tayyip Erdogan. Aunque estas demandas incumplían la propia constitución de Turquía, el propietario de Twitter, Elon Musk, dijo que accedió para evitar que su plataforma se viera "estrangulada por completo". Wikipedia, que rechazó peticiones similares, estuvo prohibida en Turquía durante casi tres años.
El público tiene derecho a exigir a las autoridades gubernamentales y a las plataformas tecnológicas que rindan cuentas sobre la forma en que colaboran. Para ello, los ciudadanos necesitan que estas relaciones sean mucho más visibles. Aunque algunas plataformas de redes sociales, como Meta y Google, divulgan de manera voluntaria las solicitudes gubernamentales sobre contenido, tal y como se muestra en la decisión del martes, los tratos entre los funcionarios y los ejecutivos del sector tecnológico van más allá de las demandas de eliminación de elementos específicos de contenido.
En lugar de acabar con estos intercambios, los organismos reguladores deben imponer requisitos de transparencia que obliguen a las empresas a revelar el alcance de las comunicaciones que reciben del Gobierno y cómo esos contactos repercutieron en el contenido de las plataformas. Sujetas a redacciones limitadas por motivos legales o de seguridad nacional, estos tipos de divulgación ayudarían a esclarecer cómo influye el Gobierno en las redes sociales, y viceversa.
Mientras tanto, las empresas deben ampliar su divulgación voluntaria, lo que permitirá a la sociedad civil y a otras organizaciones de supervisión evaluar si estos tratos redundan en interés de los usuarios. Saber que sus encuentros serán objeto de informes públicos detallados ayudará a disuadir a los funcionarios gubernamentales de abusar de su influencia.
La orden judicial excesivamente amplia de Doughty debe anularse en la apelación. Al mismo tiempo, deben abordarse las preocupaciones legítimas sobre los vínculos entre el Gobierno y el sector tecnológico. La mejor manera de hacerlo es someter dichas interacciones al escrutinio público.
Este artículo se publicó originalmente en Los Angeles Times en julio de 2023.
