Decisión de casos múltiples
Cuenta bloqueada por atacar a figuras públicas
4 de junio de 2026
El Consejo manifiesta inquietudes relacionadas con el debido proceso respecto de cómo Meta inhabilita cuentas de usuario y su enfoque en torno a la gobernanza de cuentas de forma más general en un caso sobre la inhabilitación definitiva de una cuenta por amenazas graves de violencia contra una periodista.
5 casos incluidos en el paquete
IG-19SL57WS
Caso sobre bullying y acoso en Instagram
IG-35M089OR
Caso sobre violencia e incitación en Instagram
IG-EI6V8JVO
Caso sobre desnudos y actividad sexual de adultos en Instagram
IG-DQZB8J35
Caso sobre violencia e incitación en Instagram
IG-36X9QO1A
Caso sobre lenguaje que incita al odio en Instagram
Resumen
El Consejo asesor de contenido tiene inquietudes relacionadas con el debido proceso en cuanto a cómo Meta inhabilita cuentas de usuario y al enfoque de la empresa respecto de la gobernanza de cuentas de manera más general. En este caso, el Consejo considera que la empresa tomó la decisión correcta al inhabilitar de forma definitiva una cuenta debido a diversas amenazas de violencia contra una periodista que se publicaban. No obstante, el Consejo tiene serias dudas respecto de la efectividad de las respuestas de Meta a dichas amenazas que la empresa debe abordar a fin de garantizar que se respeten los derechos humanos.
El Consejo señala principios clave para guiar a Meta y a otras plataformas de medios sociales en su enfoque respecto de la gobernanza de cuentas, incluido honrar el derecho de los usuarios a que haya transparencia en cuanto a las reglas que se aplican a cuentas y ofrecer un proceso de apelaciones equitativo.
Esta remisión de Meta es el primer caso del Consejo en el que se evalúa la inhabilitación definitiva de la cuenta de un usuario y constituye un piloto de la extensión de su mandato más allá de las decisiones relacionadas con contenido individual.
Por qué es importante
El Consejo aborda una inquietud urgente para los usuarios: la inhabilitación de cuentas. Recibió más de 750 comentarios del público que reúnen los criterios para que se los tome en cuenta en este caso. Estos se suman a innumerables quejas que recibió desde que, en 2020, comenzó a tomar casos de usuarios que habían perdido el acceso a sus cuentas.
El Consejo señala la importancia de garantizar el debido proceso y de proteger los derechos a la libertad de expresión de las personas cuyas cuentas se inhabilitan y de aquellas que son víctimas de contenido ofensivo. Este caso ilustra el abuso online desproporcionado contra las mujeres en la esfera pública y su relación con la violencia física. Dichos ataques online tienen lugar en todo tipo de medios sociales.
Información sobre el caso
En 2025, Meta inhabilitó definitivamente una cuenta de Instagram con más de 70.000 seguidores por infringir las Normas comunitarias de la empresa.
En su remisión, Meta incluyó cinco de las publicaciones de la cuenta. Dos de ellas incluían amenazas visuales de violencia contra una periodista sobre cuyo rostro había una diana. En una tercera publicación, se empleaba el término "whore" (zorra) contra la misma periodista y se la acusaba, sin evidencia, de participar en actividades sexuales con una figura pública. La periodista reportó la situación a empleados de Meta que conocía, con lo que logró que el caso se remitiera a una revisión más detallada. Inicialmente, Meta eliminó la publicación en la que se la acusaba de "zorra". En una segunda revisión, identificó las amenazas de violencia en las publicaciones e inhabilitó definitivamente la cuenta en virtud de las políticas de integridad de la cuenta y de violencia e incitación debido a los riesgos que suponían para la seguridad de la periodista.
Meta remitió otras dos publicaciones que indicó que ilustraban el comportamiento más general de la cuenta. Una mostraba el insulto homofóbico "fag" (maricón) dirigido contra políticos importantes. Otra mostraba la foto de una pareja en el transporte público que parecía estar practicando sexo oral, alegaba que eran de una minoría religiosa e instaba a que se la deportara. Meta las eliminó a todas poco tiempo después de su publicación. La empresa citó estas infracciones entre otras numerosas faltas que recibió la cuenta en los 12 meses previos a la inhabilitación definitiva para justificar aún más la eliminación conforme a sus políticas.
Conclusiones principales
El Consejo concluyó que Meta tomó la decisión correcta al inhabilitar de forma definitiva la cuenta debido a las graves amenazas de violencia en dos publicaciones y al eliminar las otras tres por infringir sus políticas. Estas medidas fueron coherentes con las responsabilidades de Meta en materia de derechos humanos. La empresa debe comunicar una postura sólida y disuasiva contra las amenazas de violencia en sus plataformas.
Aun así, el caso plantea inquietudes respecto del debido proceso y la proporcionalidad en relación con la gobernanza de cuentas y a la claridad de las reglas de Meta en cuanto a la inhabilitación definitiva de cuentas. Este caso expone serias dudas sobre la eficacia de la respuesta de Meta ante amenazas creíbles de violencia grave contra personas, incluidos periodistas y defensores de los derechos humanos, que la empresa debe abordar. Aumentar la seguridad puede mejorar los derechos a la libertad de expresión de las personas.
Esta cuenta presuntamente consiguió su importante cantidad de seguidores gracias a la difusión de publicaciones relacionadas con conspiraciones y al acoso de personas destacadas. Para algunos miembros del Consejo, surgen preguntas respecto de cómo el diseño de las plataformas de Meta recompensa el comportamiento de provocación y aumenta el riesgo de difusión generalizada de amenazas violentas. Meta debe revisar cómo sus opciones de diseño promueven justamente los comportamientos que sus políticas prohíben.
Ratificar la inhabilitación de esta cuenta no constituye un apoyo incondicional al enfoque de la empresa respecto de prohibir y restringir cuentas. Este caso pone de relieve las siguientes inquietudes sobre derechos humanos en el nivel del sistema:
- Debido proceso para las víctimas de amenazas violentas: al Consejo le preocupa seriamente que Meta no haya revisado ninguna de las dos amenazas claras y creíbles con rapidez cuando se publicaron, lo que demoró la eliminación y expuso a la periodista en cuestión a un riesgo intolerable durante un período prolongado.
- Debido proceso para los usuarios cuyas cuentas se inhabilitaron: las demoras para impartir justicia socavaron el debido proceso del titular de la cuenta, quien podría haber tenido más oportunidades de corregir su comportamiento.
- Políticas de suspensión y eliminación de cuentas poco claras: se debe garantizar que se brinde a los usuarios información accesible, coherente e integral sobre los enfoques de Meta. La expansión del rol de los asistentes de IA de Meta podría ser útil. Es importante que haya coherencia entre las políticas y las respuestas de los asistentes. La restricciones que aplica Meta a las cuentas de Instagram antes de inhabilitarlas no son públicas.
- Falta de un marco claro que guíe las decisiones de eliminar de forma definitiva una cuenta por inquietudes de seguridad "flagrantes": los revisores necesitan un marco más detallado, pero igualmente flexible respecto de los que tienen actualmente a su disposición. Con ello, mejoraría la coherencia y se evitaría pasar por alto amenazas creíbles.
- Falta de opciones intermedias entre aplicar la inhabilitación definitiva y permitir que el sistema de faltas siga su curso cuando hay infracciones flagrantes de políticas: si hay presentes factores de atenuación, una suspensión significativa, pero temporal, puede resultar más proporcionada.
El Consejo señaló que los siguientes principios guían a Meta y a otras plataformas de medios sociales en su enfoque respecto de la inhabilitación de cuentas:
- Respetar el derecho de los usuarios a acceder a pautas claras e integrales sobre las reglas que rigen las decisiones de inhabilitar de forma definitiva las cuentas de medios sociales.
- Respetar el derecho de los usuarios a conocer los motivos detallados por los que se inhabilita su cuenta, incluido proporcionar: información y opciones de apelación confiables y de fácil acceso; información respecto del rol que desempeñan las solicitudes gubernamentales de revisión o inhabilitación de una cuenta, y de aplicación de automatización en las revisiones.
- Las empresas de medios sociales deben coordinarse para crear un programa que comparta información sobre cuentas que emiten amenazas graves de violencia creíbles.
- Permitir apelaciones efectivas y equitativas, incluido ofrecer a los usuarios la oportunidad de proporcionar los motivos de su apelación por escrito y priorizar la revisión manual en casos extremos.
- Brindar informes de transparencia detallados con información sustancial sobre las tendencias normativas de inhabilitación de cuentas.
* Los resúmenes de casos ofrecen información general sobre los casos y no sientan precedentes.
Decisión del caso completa
1. Descripción y contexto de los casos
En 2025, Meta inhabilitó definitivamente una cuenta de Instagram con más de 70.000 seguidores por infringir las Normas comunitarias de la empresa. Meta remitió esta decisión al Consejo y señaló los desafíos que conlleva respetar el discurso político y respetar al mismo tiempo las reglas de inhabilitación de cuentas cuando los usuarios se implican en patrones de abuso, incluidos abuso contra figuras públicas y amenazas contra mujeres periodistas.
En su remisión, Meta incluyó cinco publicaciones que la cuenta de Instagram hizo el año anterior a que la empresa la inhabilitara definitivamente. Del contenido remitido, dos de las publicaciones incluían amenazas visuales de violencia contra una periodista sobre cuyo rostro había una diana. En una de estas dos publicaciones, se comparaban las élites políticas del país con autócratas, mientras que la otra no incluía otra información inteligible más allá de la amenaza visual. En una tercera publicación, se empleaba el término "whore" (zorra) contra la misma periodista y se la acusaba, sin evidencia, de participar en actividades sexuales con una figura pública. Estas publicaciones se revisaron juntas, pero solo después de que la periodista usara sus contactos para presentar una queja directamente al personal de Meta. Esos empleados remitieron esta queja a los equipos internos dos veces. En el primer escalamiento, se eliminó la publicación que incluía el término "zorra" y se impuso una falta a la cuenta. En la segunda, Meta identificó las amenazas de violencia de las publicaciones contra la periodista e inhabilitó la cuenta definitivamente en virtud de sus políticas de integridad de la cuenta y violencia e incitación debido a los riesgos de seguridad a los que esta persona quedaba expuesta, y señaló que la cuenta también se aproximaba al umbral de inhabilitación conforme a su política de faltas. Meta asimismo inhabilitó otras cuentas vinculadas con el mismo usuario, dos de las cuales también habían publicado contenido contra la periodista.
Meta remitió otras dos publicaciones que indicó que ilustraban el comportamiento más general de la cuenta. Una publicación mostraba el insulto homofóbico "fag" (maricón) dirigido contra políticos importantes. Otra mostraba la foto de una pareja identificable en el transporte público que parecía estar practicando sexo oral, y alegaba que eran miembros de una minoría religiosa e instaba a que se los deportara. Ninguna de estas dos últimas publicaciones tenía que ver con la periodista. La empresa eliminó cada publicación de la plataforma poco tiempo después de que se publicaran y aplicó una falta a la cuenta tras cada eliminación. Meta citó estas infracciones entre otras numerosas faltas que recibió la cuenta en los 12 meses previos a la inhabilitación definitiva para justificar aún más la eliminación conforme a sus políticas.
Tras tomar este caso, el Consejo busca destacar el impacto en el debido proceso y los derechos a la libertad de expresión de las personas cuyas cuentas se inhabilitan y de aquellas que son víctimas de contenido ofensivo. El Consejo señala también el impacto de los ataques online en las personas damnificadas y que dichos ataques ocurren en todo tipo de medios sociales. Este caso ilustra el nivel desproporcionado de abuso online contra las mujeres en la esfera pública, incluidas las mujeres periodistas, y los preocupantes vínculos entre ese abuso y la violencia física. Como parte de la debida diligencia propia del Consejo, se omitieron algunos detalles del caso para evitar empeorar el impacto de las amenazas y el acoso contra la periodista.
2. Respuestas de los usuarios
El caso no llegó al Consejo mediante la apelación de un usuario, sino que Meta lo remitió, y el Consejo no recibió una declaración del titular de la cuenta.
En una declaración ante el Consejo, la periodista que fue blanco de la cuenta manifestó que el titular de la cuenta tiene un historial de violencia y que la había estado acosando mediante varias cuentas en medios sociales y persecución en la vida real. Afirmó que las publicaciones de este usuario incluían amenazas de muerte, difamación e incitación a la violencia a sus seguidores, lo que condujo a una avalancha de amenazas y abuso en varias plataformas. Expresó que esta actividad le había dejado graves secuelas emocionales y psicológicas, y la había forzado a tomar diversas medidas de seguridad que restringían su vida personal y profesional.
La periodista presentó una queja a los empleados de Meta en su red, quienes sometieron la cuenta a revisión. El Consejo determinó que el titular de la cuenta siguió publicando en otras plataformas que no pertenecen a Meta, aunque en ellas tenía un público mucho más acotado.
3. Respuestas y políticas de contenido de Meta
Eliminaciones de contenido individual
Meta eliminó las dos publicaciones que mostraban una diana sobre el rostro de la periodista por infringir su norma comunitaria sobre violencia e incitación. Esa política prohíbe las "amenazas de violencia que podrían llevar a la muerte (u otras formas de violencia de gravedad alta)". Ambas publicaciones recaen en la definición de Meta de amenazas de violencia, que incluyen "imágenes que representan una intención, aspiración o llamada a cometer actos de violencia contra otras personas". Las bases de la política también indican: "en los casos en los que consideramos que existe riesgo real de daños físicos o amenazas directas a la seguridad pública, eliminamos el contenido, inhabilitamos las cuentas y colaboramos con las autoridades competentes".
Meta determinó que la publicación que formulaba acusaciones de índole sexual contra la periodista infringía su norma comunitaria sobre bullying y acoso por llamar a la periodista "zorra". Esta política prohíbe el contenido que busca denigrar o humillar, incluido mediante ataques con términos despectivos relacionados con actividades sexuales, e incluye esta palabra como ejemplo de contenido infractor.
Meta eliminó la publicación que empleaba un término homofóbico por infringir su norma comunitaria sobre conducta que incita al odio. La política prohíbe el contenido que se dirige a las personas con insultos, que se definen como "palabras que generan inherentemente un clima de exclusión e intimidación en contra de las personas sobre la base de una característica protegida, a menudo porque estas palabras están vinculadas a discriminación, opresión y violencia históricas". Meta confirmó que el término empleado en la publicación figura en su lista de insultos.
Meta eliminó la publicación que mostraba un acto sexual por infringir la norma comunitaria sobre desnudos y actividad sexual de adultos. La política prohíbe imágenes de actos sexuales implícitos y explícitos, así como actividad sexual inminente. La política explica que Meta "elimina las imágenes sexuales de forma predeterminada para evitar que se comparta contenido sin permiso o de menores de edad".
Inhabilitación de cuentas
La política de integridad de la cuenta de Meta estipula que, "a fin de mantener un entorno seguro y fomentar la libertad de expresión", la empresa "restringirá o eliminará las cuentas que son perjudiciales para la comunidad". Meta explicó que "su enfoque respecto de la aplicación de políticas a cuentas pretende equilibrar la educación y rehabilitación de usuarios, la transparencia, la proporcionalidad y la puntualidad". Este enfoque se detalla también en el Centro de transparencia, incluido en páginas sobre inhabilitación yrestricción de cuentas y recuento de faltas.
Conforme a la política de integridad de la cuenta, Meta puede inhabilitar cuentas por una sola infracción, siempre que sea lo suficientemente grave, incluido por "representar graves riesgos para la seguridad". El Centro de transparencia establece que, en algunos casos, una infracción puede ser lo suficientemente grave como para que inhabilitemos la cuenta, incluso si solo ocurre una vez, por ejemplo, si se publica contenido relacionado con explotación sexual infantil". Asimismo, la norma comunitaria sobre violencia e incitación explica que el contenido que representa un riesgo genuino de daño físico también puede conducir a Meta a inhabilitar de forma definitiva las cuentas que lo publican. En sus declaraciones, Meta explicó que, además, la actividad ilícita que tiene que ver con drogas de alto riesgo o explotación de personas también puede tener como consecuencia la inhabilitación tras una sola infracción. Según las declaraciones de Meta, estas evaluaciones, independientes del sistema de faltas que se describe debajo, se realizan en función de cada caso particular. Para determinar si se debe inhabilitar una cuenta (y no simplemente eliminar el contenido), Meta tiene en cuenta factores como "el comportamiento y la actividad reciente del usuario", ya que esto le permite "seguir siendo flexible y responder con rapidez a cuentas de alto riesgo". Cuando un usuario reporta una cuenta, Meta la revisa de forma integral, es decir, evalúa su foto del perfil, nombre e historial de faltas, así como una cantidad limitada de publicaciones recientes que hizo.
En cuanto a infracciones reiteradas o persistentes que no son flagrantes, Meta elimina el contenido y notifica al usuario la naturaleza de la infracción y sus políticas para que este entienda la situación y cambie su comportamiento en el futuro. También puede aplicarle una falta a la cuenta. Que se aplique una falta depende de factores como la gravedad de la infracción y el contexto en el que se compartió. Las faltas no se aplican a todas las infracciones. Por ejemplo, la empresa no aplica faltas a contenido infractor "publicado hace más de 90 días en el caso de la mayoría de las infracciones o más de cuatro años en el caso de las más graves". Las faltas caducan al cabo de un año. Una primera falta suele acarrear una advertencia, sin más penalizaciones, pero a medida que se acumulan faltas, la cuenta puede recibir mayores niveles de restricciones. La política de integridad de la cuenta contiene un enlace a una explicación en el Centro de transparencia sobre el enfoque de Meta respecto de las restricciones de cuentas, en la que se especifican los umbrales en los cuales la acumulación de faltas por infracciones reiteradas corresponden a penalizaciones más rigurosas (que principalmente se aplican solo en Facebook), además de la eliminación del contenido. De conformidad con el sistema de faltas, las cuentas que infrinjan reiteradamente las políticas de Meta recibirán una advertencia antes de perder acceso a ciertas funciones, como la transmisión en vivo en Instagram o la eliminación de las recomendaciones. También se pueden suspender las cuentas de Facebook durante períodos prolongados luego de otras infracciones, pero esta penalización no se aplica a las cuentas de Instagram. Las cuentas que sigan acumulando faltas por infracciones quedarán inhabilitadas. A gran escala, Meta inhabilita cuentas que alcanzan cierto umbral de faltas estándar o un umbral independiente de faltas graves.
En este caso, cuando la cuenta se remitió para que la revisen expertos internos, se aproximaba al umbral de eliminación a gran escala, pero no lo había cruzado. No obstante, dado que las dos publicaciones emitían amenazas de violencia de gravedad alta contra una periodista identificada que podrían ocasionarle la muerte, la evaluación que realizó Meta respecto del riesgo que representaba la cuenta la hizo llegar a la conclusión de que inhabilitar de forma definitiva la cuenta era la única opción coherente con las políticas de la empresa en relación con infracciones flagrantes. Meta señaló que la cuenta "demostró un patrón persistente de infracciones reiteradas" a lo largo del año anterior, incluidas infracciones de las políticas de bullying y acoso, violencia e incitación, conducta que incita al odio, explotación sexual, maltrato y desnudos de menores, desnudos y actividad sexual de adultos, y servicios sexuales de adultos y lenguaje sexualmente explícito. Este patrón incluía, como ejemplo, las tres publicaciones adicionales que se remitieron al Consejo. Cada una de estas infracciones habría estado acompañada de mensajes con enlaces a la política relevante y advertencias sobre futuras infracciones de las reglas de Meta. Meta informó al Consejo que la cuenta del usuario fue objeto de restricciones en diez ocasiones distintas, siete de las cuales duraron 30 días cada una. Estas restricciones no le permitían transmitir en vivo.
Debido al comportamiento cada vez más exacerbado de la cuenta, con dos publicaciones que representaban un riesgo flagrante para la seguridad, las infracciones constantes pese a las advertencias y la proximidad con el umbral de eliminación automática, Meta determinó que contaba con el aval de la política de integridad de la cuenta y sus bases para inhabilitar la cuenta, medida coherente con sus responsabilidades con los derechos humanos.
El Consejo planteó a Meta preguntas sobre la cuenta individual, los sistemas y procedimientos que emplea para identificar y evaluar cuentas que se pueden eliminar, el sistema de faltas automatizado y las medidas que toma respecto de cuentas que representan un riesgo de seguridad, que Meta respondió en su totalidad.
4. Comentarios del público
El Consejo recibió una cantidad sustancial de comentarios del público sobre este caso, de los cuales más de 750 reúnen los criterios de presentación, y una selección de los más relevantes se publicaron con esta decisión. Estos comentarios procedían de todo el mundo, mayoritariamente de usuarios que explicaban que no entendían el motivo por el que se les había inhabilitado definitivamente la cuenta o consideraban que el motivo era erróneo. Muchos de estos usuarios se quejaban por la inhabilitación definitiva de su cuenta por publicar presuntamente contenido de explotación sexual infantil, aunque no hubieran publicado nada ni siquiera remotamente relacionado con dicho contenido. Otros señalaron inconsistencias aparentes en la aplicación de políticas de Meta, así como lo que consideraban sesgos en la toma de decisiones. Algunos usuarios reclamaban haber sido bloqueados por interactuar con contenido que Meta había permitido en sus plataformas, o afirmaban haber visto publicaciones de otras personas mucho más dañinas sin penalizaciones aparentes. Otros se quejaban porque se había inhabilitado de forma definitiva su cuenta luego de que extraños la hubieran hackeado y usado.
Muchos usuarios señalaron las fallas de los sistemas y expresaron que no pudieron apelar la decisión de Meta de inhabilitar su cuenta, nunca recibieron una explicación de por qué les ocurrió esto o no pudieron descargar su contenido. Muchos de estos usuarios también apuntaron a que las decisiones parecían haberse tomado de forma automática, sin supervisión humana, incluso respecto de apelaciones contra la inhabilitación de cuentas de larga data y con muchos seguidores. Otros indicaron que, incluso tras crear una nueva cuenta para poder específicamente pagar para acceder al programa Meta Verified, que incluye "acceso durante las 24 horas, cada día, a ayuda de representantes por correo electrónico y chat", no pudieron obtener asistencia significativa. Algunos comentaron que sus nuevas cuentas se inhabilitaron por infringir la disposición que prohíbe crear una cuenta tras un bloqueo.
Asimismo, indicaron el profundo impacto que estas decisiones tuvieron en ellos. Muchos perdieron acceso a redes de amigos, contactos y seguidores tanto en contextos personales como comerciales. Los usuarios expresaron con contundencia el daño que perder sus cuentas les ocasionó en su vida social, su salud mental y su bienestar económico.
Desde la creación del Consejo en 2020, sus miembros han recibido innumerables quejas mediante medios sociales y otros canales de usuarios de Meta que perdieron acceso a su cuenta. En virtud del acta constitutiva y los estatutos, el Consejo no tiene la autoridad para tomar estas quejas como apelaciones de casos. Sin embargo, a los miembros del Consejo les preocupa el volumen y la urgencia de estas solicitudes, que fueron ampliamente coherentes con los comentarios del público recibidos en este caso. Muchos usuarios sienten que Meta los trató injustamente y que carecen de un medio satisfactorio para apelar sus decisiones.
En enero de 2026, como parte de un proceso de participación continua de partes interesadas, el Consejo consultó con expertos en seguridad de confianza sobre las dificultades que implica establecer políticas de gobernanza de cuentas y abordar los problemas de cuentas abusivas sin aplicar restricciones demasiado excesivas a la libertad de expresión de los usuarios. El Consejo también consultó con periodistas y representantes de organizaciones de apoyo, académicos, organizaciones intergubernamentales y otros expertos sobre el impacto y la prevalencia de ataques online, en especial contra mujeres en la esfera pública, y la efectividad de las medidas que emplea la plataforma para proteger a los usuarios de dichos ataques.
5. Análisis del Consejo asesor de contenido
Este es el primer caso del Consejo en el que se evalúa la inhabilitación definitiva de la cuenta de un usuario y constituye un piloto de la extensión de la autoridad del Consejo más allá de las decisiones relacionadas con contenido individual. En esta remisión, Meta solicita que el Consejo analice si fue correcto inhabilitar la cuenta y si correspondía eliminar las publicaciones a las que se hace mención.
El Consejo concluye que fue correcto eliminar definitivamente la cuenta de Instagram debido a graves amenazas de violencia contra una periodista en dos de las publicaciones. Las otras tres publicaciones que menciona Meta también infringían las políticas de Meta y se eliminaron correctamente. Estas acciones fueron coherentes con las responsabilidades de Meta con los derechos humanos (de conformidad con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU y el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [ICCPR]). Al mismo tiempo, este caso plantea inquietudes relacionadas con el debido proceso y la proporcionalidad en lo que respecta al enfoque general que adopta Meta con la gobernanza de cuentas, además de inquietudes en torno a la claridad de las reglas de Meta que rigen la inhabilitación definitiva de una cuenta. También surgen serias dudas sobre la eficacia de la respuesta de Meta ante amenazas creíbles de violencia grave contra personas, incluidos periodistas y defensores de los derechos humanos, que la empresa debe abordar.
I. Inhabilitación definitiva de la cuenta
Dos de las publicaciones en contra de la periodista muestran una diana superpuesta sobre su rostro. Se trata de amenazas visuales creíbles de disparos y una incitación a los demás a hacer lo mismo. Estas amenazas también motivaron a la enorme cantidad de seguidores de la cuenta a realizar amenazas, lo que generó un riesgo de incitación a la violencia inminente en su contra. La política de violencia e incitación de Meta prohíbe dichas amenazas de violencia de gravedad alta. La eliminación de ambas publicaciones fue coherente con las reglas de Meta.
Inhabilitar definitivamente la cuenta fue una medida coherente con la política de violencia e incitación, que indica que, "en los casos en los que consideramos que existe riesgo real de daños físicos o amenazas directas a la seguridad pública, Meta inhabilitará las cuentas y colaborará con las autoridades competentes". Esto también se refleja en la política de integridad de la cuenta, que indica que Meta inhabilitará las cuentas que infrinjan sus políticas de maneras que impliquen "daños sumamente graves, incluidos aquellos que remitimos a las autoridades policiales debido al riesgo de daño inminente para la seguridad pública o de las personas". El Consejo señala que, si bien Meta no remitió estas amenazas a las fuerzas del orden, la empresa indicó no haberlo hecho solo porque, en el momento en que se sometieron a revisión, la periodista ya las había reportado por su cuenta.
La Política corporativa de derechos humanos de Meta reconoce que los periodistas son defensores de los derechos humanos y constituyen un grupo de alto riesgo que la empresa busca proteger (consulta la sección 4). Esto refleja la responsabilidad de Meta de abordar las amenazas creíbles de violencia en sus plataformas que pueden afectar de manera particularmente negativa a los derechos humanos al atacar a periodistas y otros defensores de estos derechos. Este impacto se extiende no solo a la periodista en sí, sino también a todas las personas que informan acontecimientos al público, a quienes este tipo de violencia puede inhibir, y al público cuyo derecho a la información se vulnera cuando se intimida a los periodistas para que desistan de su labor.
Este caso ilustra una tendencia más general de amenazas online contra mujeres periodistas. El vínculo entre los ataques online contra mujeres periodistas y el daño en la vida real está bien documentado; de hecho, un informe reciente indicó que más del 40% de las personas encuestadas experimentaron daños en la vida real relacionados con ataques que comenzaron online, más del doble del 20% de personas encuestadas en 2020. Los ataques online tienen un efecto intimidatorio en la libertad de expresión de las mujeres atacadas, lo que socava el acceso a la información de todas las personas, ya que la sociedad sabe menos de las mujeres en consecuencia. Un informe de 2026 de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU expresó que las plataformas no lograron proporcionar mecanismos adecuados para proteger a periodistas y otros defensores de los derechos humanos del abuso y los ataques online. Esto pone de relieve la necesidad y proporcionalidad de las medidas que tomó Meta en este caso y demuestra que, en el equilibrio entre expresión y seguridad, no existe un ganador y un perdedor.
La eliminación de ambas publicaciones fue, por lo tanto, una medida necesaria para cumplir con las responsabilidades de Meta, y la inhabilitación definitiva cumplió con los principios de necesidad y proporcionalidad.
El Consejo descubrió que eliminaciones similares de amenazas visuales de violencia, incluido contra mujeres a las que se las ataca debido a su trabajo, cumplen con la responsabilidad de Meta de proteger los derechos humanos, incluida la libertad de expresión (consulta Contenido dirigido a una defensora de los derechos humanos de Perú). Las reglas de Meta sobre violencia e incitación, conforme se aplican a estas publicaciones, son lo suficientemente claras para satisfacer el requisito de legalidad, y la eliminación es una medida necesaria y proporcionada a favor del fin legítimo de proteger el derecho a la vida y la seguridad de los demás (artículo 19, párrafo 3 del ICCPR; observación general n.º 34, párrafo 25, del Comité de Derechos Humanos de la ONU).
En el contexto de la expresión política, el Consejo determinó que las amenazas de violencia suelen ser figurativas o retóricas, y se deben permitir (consulta Declaraciones sobre el primer ministro de Japón y Eslogan de protesta contra Irán). Sin embargo, el Consejo no encontró indicios de que las publicaciones con la diana constituyan amenazas figurativas o retóricas.
Ninguna de las publicaciones se relaciona con comentarios de interés público que podrían justificar que estas publicaciones infractoras flagrantes permanezcan en la plataforma conforme a la concesión de interés periodístico de Meta y a las responsabilidades de la empresa en relación con la libertad de expresión.
En primer lugar, si bien la comparación entre las figuras públicas que aparecen en ellas y los autócratas totalitarios en una de las dos publicaciones constituye una opinión política, no parece guardar relación con ningún informe periodístico contemporáneo o debate online sobre dichas figuras. No revela hechos que podrían iniciar tal debate. La amenaza visual contra la periodista en la publicación está completamente fuera de contexto y no se relaciona con el resto del contenido. La otra publicación no incluye otra información además de la amenaza y no justifica una excepción por interés público.
En segundo lugar, como el usuario no es un líder político ni una figura pública, no aumentó el interés de otros usuarios que quisieran saber de él que pudiera justificar conservar dichas amenazas en la plataforma. Incluso en los casos Suspensión de la cuenta del expresidente de los EE. UU. Donald Trump y Primer ministro de Camboya, el Consejo advirtió respecto del uso de la concesión de interés periodístico para conservar amenazas de violencia prohibidas realizadas por políticos y otras figuras públicas en la plataforma. Al público le interesa mucho más oír a líderes políticos que al titular de la cuenta en este caso. Esta cuenta presuntamente consiguió su importante cantidad de seguidores gracias a la difusión de publicaciones relacionadas con conspiraciones y al acoso de personas destacadas. En términos generales, el Consejo considera que el hecho de que tenga tantos seguidores no demuestra que hable a favor del interés público, sino más bien que sus amenazas podrían generar daños inminentes. Para algunos miembros del Consejo, esto plantea preguntas sobre cómo el diseño de las plataformas de Meta recompensa el comportamiento de provocación y aumenta el riesgo de que las amenazas violentas lleguen a un público amplio, como también se analizó en la decisión del caso Suspensión de la cuenta del expresidente de los EE. UU. Donald Trump. Meta debe revisar cómo sus opciones de diseño promueven justamente los comportamientos que sus políticas prohíben.
Las declaraciones que la periodista damnificada realizó al Consejo respaldan la credibilidad e inminencia de las amenazas. No se pueden develar todos esos detalles en esta decisión porque se intenta proteger la seguridad de la periodista. Estos detalles no necesariamente estaban al alcance de Meta en el momento en que se deberían haber eliminado las publicaciones. Sin embargo, cuando ella remitió las inquietudes a sus contactos en la empresa, estos presuntamente tuvieron tantas oportunidades para indagar en los hechos como el Consejo tiene en este caso. Fue recién en la segunda revisión tras el escalamiento cuando se tomó la decisión de inhabilitar definitivamente la cuenta.
De manera similar, el comportamiento anterior de la cuenta en respuesta a las faltas por infracciones previas es relevante, aunque no determinante. El volumen de faltas que recibió el usuario por infracciones anteriores indica que este ignoraba las advertencias o las sanciones más rigurosas que se le imponían, lo que demostraba su falta de voluntad respecto de cambiar su comportamiento. En combinación con la gravedad del daño en las dos publicaciones revisadas antes, este factor respalda aún más la proporcionalidad de la inhabilitación definitiva conforme se aplica a los hechos en este caso.
Estos factores apuntan a la conclusión de que la inhabilitación definitiva fue la medida menos invasiva para cumplir con el propósito de garantizar la seguridad de la periodista a la que esta cuenta atacaba. Dada la clara responsabilidad de Meta con el respeto a la vida y la vulnerabilidad de periodistas y defensores de los derechos humanos ante amenazas que atentan contra su vida, es importante que la empresa comunique una postura sólida y preventiva que demuestre que no tolera este tipo de abusos en sus plataformas. Esto es coherente con las demás situaciones en que sus políticas dictaminan la inhabilitación definitiva en función de infracciones individuales.
Es importante que la decisión de Meta de mantener inhabilitada la cuenta en este caso no se tome como un apoyo incondicional al enfoque de la empresa respecto de prohibir y restringir cuentas. Para el Consejo, este caso pone en evidencia las siguientes inquietudes más generales respecto de los derechos humanos en el nivel del sistema en torno a la legalidad y el debido proceso, así como a la proporcionalidad de las penalizaciones disponibles para infracciones graves en la gobernanza de cuentas.
a. Mejorar el debido proceso a favor de las víctimas de amenazas violentas
Al Consejo le preocupa seriamente que Meta no haya revisado ninguna de estas amenazas claras y creíbles con rapidez cuando se publicaron, lo que demoró la eliminación y expuso a la periodista en cuestión a un riesgo intolerable durante un período prolongado. En lugar de ello, condujo a la periodista a solicitar ayuda a sus contactos en Meta para obligar a la empresa a tomar cartas en el asunto. Cualquier usuario en esa situación sin contactos similares carecería de recursos.
b. Mejorar el debido proceso a favor de los usuarios cuya cuenta se inhabilitó
Las demoras para impartir justicia a favor de la periodista damnificada también socavaron el debido proceso para el titular de la cuenta. Si Meta hubiera reaccionado antes a sus infracciones, el titular de la cuenta hubiera tenido más oportunidades de entender la naturaleza de su accionar y corregir su comportamiento, incluido durante períodos adicionales de restricción de la cuenta. En lugar de ello, se tomaron medidas respecto de varias de estas infracciones durante la revisión de su cuenta en la etapa de escalamiento. Como se indica debajo, preocupa que las cuentas de Instagram no sean objeto de suspensiones temporales tras infringir políticas en reiteradas ocasiones y que, en cambio, solo se les impida transmitir en vivo como penalización intermedia antes de que se las inhabilite definitivamente.
c. Aclarar las políticas sobre suspensiones e inhabilitación de cuentas
Si bien Meta cuenta con bases claras en sus políticas para tomar las medidas que tomó en este caso, se podría ofrecer a los usuarios un panorama mucho más claro respecto de las políticas sobre inhabilitación y restricción de cuentas. Hay dos vías para inhabilitar una cuenta definitivamente. Una consta, como en este caso, de un enfoque de "una sola vez y fuera" para infracciones flagrantes. La otra es el sistema de faltas, por el cual se van aplicando penalizaciones conforme aumenta el volumen de infracciones que acumula una cuenta con el tiempo, con distinciones entre faltas regulares y faltas graves. Se puede hacer referencia a esta última vía como un factor para tomar decisiones en virtud de la primera, pero, en líneas generales, es útil pensar que operan en paralelo.
Si bien se incluye información sobre la inhabilitación definitiva en la política de violencia e incitación, para obtener un panorama completo del enfoque de dos sistemas de Meta, se debe consultar la política de integridad de la cuenta, así como las páginas sobre restricción de cuentas, recuento de faltas e inhabilitación de cuentas del Centro de transparencia. Incluso tras consultar estos recursos, puede resultar difícil establecer una distinción entre los dos sistemas. Los ejemplos de infracciones "flagrantes" que pueden entrañar la inhabilitación definitiva no son integrales ni se pueden distinguir fácilmente de faltas "graves" que pueden conllevar la imposición de penalizaciones rigurosas más rápidas conforme al sistema de faltas. Peor aún, parte de la información de estas fuentes es contradictoria. Por ejemplo, la página sobre inhabilitación de cuentas indica que los usuarios pueden recibir una restricción de 30 días que les impide crear contenido luego de recibir cinco faltas. Por el contrario, la página sobre restricción de cuentas afirma que no se impondrá la misma penalización hasta alcanzar las diez faltas. Aunque hay hipervínculos entre algunas de estas páginas, no todos son fáciles de encontrar.
Existe la clara necesidad de que Meta armonice estos diversos enfoques y explicaciones en un único recurso accesible que distinga claramente los dos enfoques principales de Meta y garantice información coherente sobre ellos. En el caso de las infracciones graves que generen la inhabilitación definitiva, se necesita información mucho más integral, incluidos hipervínculos a todas las políticas que, si se infringen, podrían conducir a este desenlace. El Consejo señala que, con la expansión del rol de los asistentes de IA en las plataformas de Meta, se podrían explicar mejor las reglas a los usuarios en momentos clave. Es importante garantizar que haya coherencia entre las políticas subyacentes y las respuestas a las consultas de los usuarios que estos asistentes proporcionan.
Asimismo, Meta no establece públicamente todas las restricciones que puede aplicar a las cuentas de Instagram por infracciones previas y hasta el momento de inhabilitarlas. La página sobre inhabilitación de cuentas define restricciones de 30 días, pero no especifica cuáles de las plataformas de Meta están sujetas a dichas penalizaciones. Las restricciones enumeradas en la página sobre restricción de cuentas solo se aplican a Facebook, aunque también se contabilizan las faltas en Instagram. El servicio de ayuda de Instagram no brinda información que aclare el asunto. Meta le informó al Consejo que no suspende temporalmente cuentas de Instagram en respuesta a infracciones de políticas. En su lugar, solo impide que las cuentas de Instagram transmitan en vivo durante intervalos estipulados, que se prolongan en función de la gravedad de la infracción y el historial de aplicación de políticas en la cuenta. Hay una diferencia considerable en cuanto a la gravedad entre suspender las funciones de transmisión en vivo de un usuario e inhabilitar definitivamente su cuenta. Otras penalizaciones graduales entre estas sanciones cada vez más rigurosas darían pie a un enfoque más proporcionado. El Consejo señala también que la función para "transmitir en vivo" está disponible solo para usuarios que cuentan con más de 1.000 seguidores, y muchos no la usan. Su efectividad como penalización, en especial en respuesta a infracciones que no tienen que ver con una transmisión en vivo, es dudosa. Para las infracciones en publicaciones permanentes, se influiría más en el comportamiento del usuario si se le aplicara una penalización en consonancia directa con un comportamiento infractor que conlleve suspenderlo para que no pueda publicar contenido (por ejemplo, poner su cuenta en modo de solo lectura durante un período concreto).
d. Crear un marco que guíe las decisiones de inhabilitación definitiva
Si bien Meta arribó a la conclusión correcta en este caso, al Consejo le preocupa que la empresa carezca de un marco claro que guíe las decisiones de inhabilitar definitivamente una cuenta por inquietudes de seguridad "graves". Si bien corresponde evaluar cada caso de forma individual, factores como "el comportamiento y la actividad reciente del usuario" son extremadamente amplios y abiertos, y el escalamiento de estas evaluaciones debe seguir rutas claramente estructuradas. Podrían generar resultados diferentes sin fundamento alguno según las perspectivas de los revisores.
Siempre habrá tensión entre, por un lado, buscar coherencia mediante pautas específicas que anticipen las diversas manifestaciones de amenazas graves en las plataformas de Meta y, por el otro, permitir que los revisores analicen de manera adecuada el contexto en busca de factores agravantes y atenuantes. Puede ser complicado lograr este equilibrio entre prescripción y discreción: demasiada prescripción puede conducir a un análisis robótico en el que se pasen por alto o se malinterpreten los indicadores clave de daños, mientras que demasiada discreción podría conducir a que diferentes revisores obtengan resultados divergentes en función de la misma información que no se puedan justificar. La adopción de un marco más detallado, pero igualmente flexible, para los revisores con criterios que sigan preservando la discreción necesaria para llevar a cabo análisis contextuales garantizaría mayor coherencia y evitaría situaciones en las que se pasen por alto amenazas creíbles, incluido contra periodistas o defensores de los derechos humanos. La ausencia de pautas más específicas puede explicar por qué Meta no logró tomar medidas en varios puntos respecto de las amenazas que recibió la periodista en este caso. Difundir información sobre dicho marco públicamente también aumentaría la transparencia para los usuarios de Meta.
e. Garantizar penalizaciones proporcionadas
Al Consejo le preocupa que, en el caso de las infracciones graves que representan amenazas creíbles para las personas o la sociedad en general, la política de Meta no brinde opciones intermedias entre imponer la inhabilitación definitiva y permitir que el sistema de faltas siga su curso. Conforme al sistema de faltas, las suspensiones de 30 días reiteradas son la única penalización que limita el acceso total a la cuenta antes de la inhabilitación definitiva. Cuando hay factores atenuantes presentes, una suspensión significativa, pero temporal, como las que la empresa adoptó para restringir las cuentas de líderes públicos durante disturbios civiles, podría constituir una medida más proporcionada para lograr el mismo fin de garantizar la seguridad de las personas o la comunidad y, al mismo tiempo, darle al usuario la posibilidad de rectificar su comportamiento.
II. Otras decisiones de contenido
El análisis de las tres publicaciones restantes se realizó por separado porque no altera de forma radical las conclusiones clave a las que llegó el Consejo en cuanto a inhabilitar definitivamente la cuenta. Sin embargo, una de las tres exhibe una clara animosidad por cuestiones de género en contra de la misma periodista que fue blanco de las amenazas. Las tres refuerzan la conclusión de que las publicaciones despertaban poco interés del público como para justificar una desviación de las políticas regulares de Meta, incluida la inhabilitación definitiva.
a. Caso de bullying y acoso
Esta publicación atacaba a la misma periodista que fue blanco de las publicaciones mencionadas antes y la llamaba "zorra". El Consejo determinó que este insulto está prohibido conforme a la disposición de la política de bullying y acoso que prohíbe términos despectivos relacionados con la actividad sexual, lo que justifica su eliminación. A esta determinación la respaldan las responsabilidades de Meta con los derechos humanos. La prohibición es clara y cumple con los requisitos de legalidad según se aplica a esta publicación. La eliminación era una medida necesaria y proporcionada para el fin legítimo de respetar los derechos de la periodista damnificada, incluidos los de igualdad y no discriminación. El Consejo había determinado en otra ocasión que el señalamiento de índole sexual contra mujeres de la esfera pública puede tener graves consecuencias, incluido para su seguridad (consulta Imágenes de IA explícitas de figuras públicas femeninas). El acoso también afecta de manera muy negativa a la libertad de expresión de quienes lo sufren. Las investigaciones demostraron el efecto intimidatorio que el acoso y otras formas de ataques online pueden tener en las mujeres periodistas; de hecho, un 30% de las mujeres encuestadas afirmaron autocensurarse y un 20% cesaron todas sus interacciones online como consecuencia. Aquí, el señalamiento contra la periodista parece ser el único foco de la publicación, no se gestó como consecuencia de comentarios o mensajes políticos más generales.
b. Caso de conducta que incita al odio
Esta publicación atacaba con virulencia a políticos con un insulto homofóbico, que la política de conducta que incita al odio de Meta prohíbe. Para el Consejo, este término figura en la lista de insultos de Meta y se adapta a la definición incluida en la política que indica que esta palabra genera "inherentemente un clima de exclusión e intimidación en contra de las personas sobre la base de una característica protegida". Esta prohibición es clara conforme se aplica a los hechos expuestos en este caso y persigue el fin legítimo de proteger los derechos de los demás, incluidos los de igualdad y no discriminación. La eliminación de esta publicación fue una medida necesaria para proteger los derechos de la comunidad LGBTQIA+ en las plataformas de Meta, dado el efecto deshumanizante de los insultos que incluyen incitación a discriminación inminente (consulta Emojis en contra de las personas negras). El término posee un extenso historial vinculado con la discriminación y la violencia contra personas LGBTQIA+, que se perpetua con el uso continuado.
c. Caso de desnudos y actividad sexual de adultos
Esta publicación contiene imágenes de dos adultos en el transporte público con incitaciones a que se los deporte debido a su religión. La publicación indica que el incidente ocurrió en el país del titular de la cuenta, algo que las investigaciones del Consejo desestimaron como falso. Dada la postura de las personas que aparecen en la imagen, parecieran estar manteniendo sexo oral, contenido que la política de desnudos y actividad sexual de adultos de Meta prohíbe y, por tanto, se debe eliminar. Esto es coherente con las responsabilidades de Meta en materia de derechos humanos. Conforme se aplica a esta publicación, la prohibición cumple con la suficiente claridad los requisitos de legalidad, y el Consejo ya había determinado que la política persigue ampliamente el fin legítimo de proteger los derechos de las personas (consulta Imágenes de mujeres indígenas parcialmente desnudas). La eliminación era una medida necesaria para proteger los derechos a la privacidad y la dignidad de las personas que figuran en ella. No hay interés público en las afirmaciones falsas de la publicación que justificaría que permanezca en Instagram, pese a la infracción. Realiza una representación engañosa del incidente para hacer un llamamiento a la deportación de la pareja implicada, que se sustenta en presunciones sin fundamento sobre su origen étnico, religión y estado de inmigrante. No había opción menos restrictiva que la eliminación para alcanzar este objetivo.
6. Prácticas recomendadas de gobernanza de cuentas
Como este caso constituye un piloto, no incluye recomendaciones formales a Meta, pero ofrece principios rectores al sector de forma más general. El Consejo espera emitir recomendaciones formales en decisiones futuras sobre casos relacionados con cuentas.
La cantidad de comentarios del público recibidos sobre este caso demuestra las importantes demandas de mayor equidad de los usuarios de Meta cuyas cuentas se inhabilitaron definitivamente. También hay una necesidad de garantizar un trato justo para los usuarios que son víctimas de acoso y amenazas de cuentas abusivas. Aquí se estipulan algunos principios básicos sobre la inhabilitación definitiva de cuentas, principalmente en respuesta a las experiencias de los usuarios en las plataformas de Meta. Estos pueden tener una mayor relevancia en el sector en cuanto a la gobernanza de cuentas en otras plataformas.
Respetar los derechos de los usuarios a acceder a reglas claras y exhaustivas sobre la inhabilitación de cuentas
Las empresas deben respetar el derecho de los usuarios a acceder a pautas claras e integrales sobre las reglas que rigen las decisiones de inhabilitar de forma definitiva las cuentas de medios sociales.
Las reglas deben:
- Explicar con claridad el enfoque a la hora de sancionar cuentas por el contenido que publican u otros comportamientos que exhiben.
- Explicar con claridad qué reglas, si se infringen, darán lugar a un aviso y a sanciones graduales (por ejemplo, un sistema de faltas) y cuáles pueden generar la inhabilitación definitiva de una cuenta (por ejemplo, la regla de "una sola vez y fuera").
- En el caso de las sanciones graduales, publicar los umbrales de penalizaciones más rigurosas, incluido el umbral de inhabilitación definitiva de la cuenta. Estos deben distinguir con claridad los niveles de gravedad entre los distintos tipos de infracción (por ejemplo, faltas regulares frente a faltas graves) y brindar varios niveles de penalizaciones progresivas para que haya más probabilidades de contar con una opción proporcionada.
- Explicar los marcos normativos y los factores en que se basan los equipos de aplicación de políticas internos al inhabilitar definitivamente una cuenta.
- Si las sanciones varían entre las plataformas de una empresa u ocurren infracciones en diferentes instancias de una plataforma (por ejemplo, en público o en privado), explicar dichas distinciones.
Respetar los derechos de los usuarios a conocer los motivos detallados por los que se inhabilitó su cuenta
Cuando se sanciona la cuenta de un usuario por su contenido o comportamiento, este tiene derecho a que se le notifique qué regla infringió y a seguir accediendo al historial de infracciones y al estado actual de la cuenta.
Esto requiere lo siguiente:
- Brindar a los usuarios paneles mediante los que pueden acceder fácilmente a información confiable sobre el estado actual de la cuenta, infracciones anteriores, información sobre las opciones de apelación disponibles y el estado de apelaciones pendientes. Esta información se debe poder descargar para llevar un registro.
- Ofrecer a los usuarios notificaciones claras, destacadas y oportunas, en un idioma que comprenden, acerca de cualquier advertencia o penalización en el momento en que se impone, que especifique la regla infringida, la sanción aplicada y las opciones de apelación.
- Proporcionar información sobre el rol que desempeñan las solicitudes gubernamentales en cuanto a la revisión o inhabilitación de una cuenta.
- Proporcionar información sobre el rol que desempeña la automatización en la revisión de contenido o comportamientos, y la imposición de advertencias o penalizaciones.
- Garantizar que los usuarios que pierden acceso a su cuenta debido a una decisión de inhabilitación definitiva sigan pudiendo acceder a los motivos por los que se tomó dicha decisión y a mecanismos de apelación, por ejemplo, mediante un panel de estado de la cuenta.
Coordinación para abordar amenazas violentas en las plataformas
Con frecuencia, las amenazas creíbles de violencia contra personas se coordinan entre actores y en diversas plataformas de medios sociales. Esto genera desafíos particulares para las víctimas de amenazas a la hora de gestionar su propia seguridad, en particular cuando las herramientas de reportes dentro de la app fallan. La coordinación entre plataformas de medios sociales es importante para garantizar respuestas efectivas a comportamientos dañinos en el contexto de la lucha contra amenazas terroristas (por ejemplo, Global Internet Forum to Counter Terrorism) y en la gestión de amenazas contra la seguridad de los niños (por ejemplo, el programa Lantern). Las empresas de medios sociales deben crear un programa que comparta información sobre cuentas que emiten amenazas graves de violencia creíbles.
Este programa debe:
- Permitir que se difunda información sobre amenazas creíbles entre plataformas, incluidos detalles sobre el blanco y el origen de la amenaza, además de cualquier contexto relevante ajeno a la plataforma.
- Establecer canales especializados para víctimas de alto riesgo de violencia y sus representantes, incluidos periodistas y defensores de los derechos humanos.
- Compartir prácticas recomendadas sobre cómo abordar las amenazas, incluido cómo establecer si son creíbles y distinguir aquellas que son retóricas y no creíbles, y cuándo remitirlas, si corresponde, a las fuerzas del orden y preservar evidencia para imponer responsabilidades.
Apelaciones efectivas y justas
En muchos comentarios del público, las personas mencionan que, en las experiencias de inhabilitación de cuentas, se les brindaron motivos que no entendían y, además, sintieron frustración ante el rechazo de la apelación instantes después de solicitarla. Si bien anecdóticas, muchas de estas experiencias parecen relacionarse con el tipo de infracciones de "una sola vez y fuera" como las revisadas en este caso.
Los siguientes principios deben guiar las evaluaciones que determinen si estos sistemas pueden ser más efectivos y justos:
- Los mecanismos de apelación deben brindar a los usuarios la oportunidad de proporcionar por escrito los motivos de su apelación, sustentados en el acceso continuo a la justificación normativa de la empresa para inhabilitar la cuenta y las excepciones disponibles dentro de la política que se puedan aplicar. Se debería explorar la posibilidad de proporcionar a los usuarios etiquetas que indiquen dentro de qué excepciones aplicables se encuentran sus apelaciones (por ejemplo, "interés periodístico" o "sátira").
- Las apelaciones por inhabilitación de cuentas no son efectivas si someten la misma decisión al mismo procedimiento automatizado, y se esperan resultados diferentes con los mismos datos. Si bien se deben aprovechar los avances en materia de inteligencia artificial para garantizar revisiones más precisas y efectivas, será importante tomar en cuenta los comentarios que los usuarios hacen por escrito y priorizar la revisión manual en casos extremos. Esto es de especial importancia para las infracciones de "una sola vez y fuera" en las que un error en la toma decisiones automatizada tiene consecuencias muy graves más allá de la eliminación de una publicación o la imposición de una falta.
Informes de transparencia sobre la inhabilitación de cuentas
Las plataformas deben brindar informes de transparencia que permitan al público evaluar información significativa sobre las tendencias de aplicación de políticas. Estos informes deben incluir:
- La cantidad total de cuentas que se inhabilitaron por infringir las políticas de la plataforma, desglosada entre cuentas inhabilitadas en virtud de las reglas de "una sola vez y fuera", con una indicación específica de la regla que generó la inhabilitación, y cuentas inhabilitadas conforme a un sistema de aplicación de políticas gradual (por ejemplo, faltas).
- La cantidad de cuentas que se inhabilitaron tras una solicitud de revisión de un organismo gubernamental o de las fuerzas del orden.
- La cantidad de cuentas que se inhabilitaron que también se remitieron a las fuerzas del orden y las políticas que infringieron.
- La capacidad de desglosar estos datos por región e idioma.
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