Declaraciones sobre corrupción que involucran a hijos de un político

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Resumen

El Consejo asesor de contenido ratificó la decisión de Meta de conservar una publicación de Facebook con acusaciones de corrupción en contra de un político filipino, que incluía imágenes de él y de sus hijos, de los cuales, varios parecían ser menores. En este caso, el Consejo determinó que el lenguaje utilizado no incluía amenazas directas ni encubiertas, sino que podía interpretarse de mejor modo como un firme compromiso a sacar a la luz actos de corrupción cometidos por una figura pública. El Consejo destacó que siempre deben protegerse los derechos y la seguridad de los niños. Sin embargo, no se debería permitir que los funcionarios públicos los usen como protecciones para evitar el escrutinio. La mera referencia a niños en acusaciones de corrupción no puede, por sí misma, silenciar tales declaraciones cuando se emplea a los niños como representantes.

Información sobre el caso

En abril de 2025, un usuario de Facebook publicó dos imágenes en la página de un grupo de Facebook. En la primera imagen, aparecía Elizaldy Salcedo Co, un político filipino, y su familia, incluidos sus hijos menores. En la segunda imagen, se veía un avión volando sobre agua. En la descripción, en tagalo y en inglés, se afirmaba que los niños tenían un avión Gulfstream a su nombre y había cuestionamientos respecto de cómo se había adquirido.

La descripción incluye estas frases: "A costa de la seguridad y la protección de tu familia, ¿verdad, Zaldy?" y "Este es el precio, Zaldy… tu familia". La descripción finaliza con estas palabras en tagalo: "Hindi ka namin patahimikin". Meta tradujo esta declaración como: "Te perseguiremos". Meta no interpretó la frase como una amenaza de cometer actos violentos, sino como un intento de erradicar la corrupción. El Consejo consultó con expertos en lingüística, quienes confirmaron esta interpretación y dieron a la frase el siguiente significado: "No lo dejaremos pasar".

La publicación se compartió más de 4.000 veces y obtuvo más de 1,7 millones de visualizaciones. Dos clasificadores diferentes de Meta (designados para encontrar contenido viral potencialmente infractor de la política de violencia e incitación y contenido viral que podría involucrar daños a jóvenes) la identificaron. Estos reportes no se priorizaron para revisión manual, y la publicación permaneció en la plataforma.

Meta revisó la publicación luego de recibir un reporte del contenido de parte de un contacto de la Cámara de Representantes de Filipinas. La empresa, luego de analizar la publicación y consultar con expertos locales, concluyó que no era infractora y la conservó en la plataforma. Meta remitió el caso al Consejo asesor de contenido.

Conclusiones principales

El Consejo determinó que el lenguaje de la publicación no incluye amenazas violentas directas ni encubiertas, sino que puede interpretarse de mejor modo como una denuncia y un firme compromiso a sacar a la luz actos de corrupción cometidos por una figura pública.

Los asuntos que involucran amenazas contra la seguridad de niños en internet deben tratarse con seriedad, y se debe actuar en consecuencia con prontitud. Sin embargo, en este caso, el Consejo determinó que las acusaciones de corrupción estaban dirigidas al político únicamente, y no a los miembros de su familia.

El contenido no infringía la política de bullying y acoso, la que prohíbe realizar alegaciones sobre comportamientos ilegales contra menores no públicos, porque estaba dirigido a su padre. La publicación tampoco infringía las pautas internas de Meta, que prohíben las alegaciones sobre comportamientos delictivos contra adultos cuando pudieran generar daños en la vida real.

El Consejo destacó que las personas deben tener libertad para expresar sus ideologías políticas, incluidas las críticas a los políticos, sin miedo de sufrir censura. En la legislación internacional de derechos humanos, este tipo de discurso es una parte central de la expresión política protegida. Se les exige a los líderes políticos y los funcionarios públicos tolerar un mayor grado de escrutinio y críticas que las personas no públicas, dado su papel influyente en los asuntos públicos.

Las críticas a los funcionarios públicos deben evaluarse en su contexto social y lingüístico para comprender los riesgos que pudieran implicar, en especial, en entornos en los que exponer actos de corrupción pudiera restringirse o ser peligroso. Si bien las acusaciones de corrupción pueden, en ocasiones, ocurrir en el contexto de ataques amenazantes, Meta debería reconocer que, cuando no hay amenazas de violencia (como en este caso), tales solicitudes podrían no intentar proteger verdaderamente a los niños, sino ser un intento por parte de figuras poderosas de protegerse contra la responsabilización. La respuesta debe ser necesaria y proporcionada, y debe tenerse en cuenta el contexto y el lenguaje. Debe reconocer el gran interés público en la transparencia, la responsabilización y la protección del discurso en el que se acusa a funcionarios públicos de corrupción.

El Consejo dirigió la atención de Meta a recomendaciones de casos anteriores y le solicitó a la empresa publicar sus pautas internas para que los usuarios puedan comprender con claridad qué está permitido y qué no. Meta debería garantizar que emplea la suficiente pericia local y contextual para tomar decisiones difíciles sobre contenido que incluye posibles amenazas, como en este caso.

Decisión del Consejo asesor de contenido

El Consejo ratificó la decisión de Meta de conservar el contenido.

Además, reiteró sus recomendaciones previas a Meta de mejorar la aplicación de políticas en función de un análisis contextual relacionado con lenguaje potencialmente amenazante, realizadas en los casos Eslogan de protesta contra Irán, Convocatoria a protesta de mujeres en Cuba y Declaraciones sobre el primer ministro de Japón. Esto incluye la modificación de las pautas internas que proporciona a los revisores de contenido, donde sea pertinente, para abordar toda falta de claridad, vacíos o inconsistencias.

* Los resúmenes de casos ofrecen información general sobre los casos y no sientan precedentes.

Decisión del caso completa

1. Descripción y contexto del caso

En abril de 2025, un usuario de Facebook publicó dos imágenes en la página de un grupo de Facebook. En una foto, aparece el político filipino Elizaldy Salcedo Co y su familia, incluidos sus hijos, de los cuales varios parecen ser menores de edad. Según se informó, el político ya había compartido públicamente esta foto en sus medios sociales. En la otra foto, se veía un avión volando sobre agua. En la descripción, en tagalo y en inglés, se afirmaba que los hijos del entonces congresista tenían un avión Gulfstream a su nombre y había cuestionamientos respecto de cómo se había adquirido. Incluía las siguientes frases: "A costa de la seguridad y la protección de tu familia, ¿verdad, Zaldy?" y "Este es el precio, Zaldy… tu familia". Finalizaba con estas palabras en tagalo: "Hindi ka namin patahimikin". Si bien Meta tradujo esta declaración como "Te perseguiremos", no la interpretó como una amenaza de cometer actos violentos contra el objetivo, sino más bien como una declaración de intención de erradicar la corrupción. Expertos en lingüística a quienes consultó el Consejo confirmaron esta lectura, pero interpretaron esta frase como: "No lo dejaremos pasar".

La publicación se compartió más de 4.000 veces y obtuvo más de 1,7 millones de visualizaciones. El día en que se publicó, dos clasificadores diferentes de Meta identificaron la publicación y la enviaron a revisión manual. Uno de los clasificadores está diseñado para detectar contenido viral que podría infringir la política de violencia e incitación de Facebook, mientras que el otro identifica contenido potencialmente viral que podría involucrar daños a jóvenes. Los sistemas automatizados de la empresa no priorizaron ninguno de los reportes para la etapa de revisión manual, y la publicación permaneció en la plataforma.

Tras el reporte de un contacto de la Cámara de Representantes de Filipinas, más tarde se escaló el contenido conforme a la política pública de Meta. La empresa declaró que no se comunicó de ningún modo con el congresista representado. Meta analizó la publicación y consultó con expertos con conocimiento contextual, quienes no interpretaron la descripción de la publicación como una amenaza de cometer actos violentos. Luego de esta revisión, la empresa concluyó que la publicación no infringía las Normas comunitarias y la conservó en la plataforma. Luego, Meta remitió el caso al Consejo.

Sin adoptar ninguna postura respecto de los hechos específicos planteados aquí, el Consejo destacó que el contexto de Filipinas supone varios desafíos para quienes realizan acusaciones de corrupción. En este aspecto, el Consejo consideró los siguientes elementos para llegar a su decisión:

La corrupción es un problema mundial que perjudica el estado de derecho, y el debate público y el escrutinio de los actos de corrupción son esenciales para la responsabilización. La Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN) y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) informaron sobre varias técnicas por las que se recurre a familiares como representantes a fin de ocultar la titularidad real de los bienes y encubrir riquezas obtenidas ilícitamente. Políticos de todo el mundo, incluidos jefes de Estados, funcionarios de alto rango y oligarcas, fueron denunciados por usar estas tácticas para evitar el escrutinio público y la responsabilización, incluidas las sanciones. Tales investigaciones descubrieron a cientos de menores que figuran como propietarios de empresas en jurisdicciones con poca transparencia, lo que revela con qué facilidad pueden explotarse los vínculos familiares para evitar el escrutinio (consulta el comentario del público de Transparency International, PC-31435). En 2025, en las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Filipinas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (ONU), se reiteró "su preocupación por el hecho de que la corrupción siga estando generalizada en todas las ramas de la administración pública y en el sector público en general".

En septiembre de 2025, más de 30 empresas y organizaciones de sociedad civil filipinas publicaron una declaración en la que expresaron preocupación por la corrupción percibida en los proyectos de infraestructura del Gobierno. En diversos informes, se pone de manifiesto el enojo público surgido a raíz de campañas virales en los medios sociales, las manifestaciones masivas y la frustración respecto de los "bebés nepo" (los hijos de políticos poderosos y contratistas gubernamentales que ostentan una vida de lujos en internet, lo que refuerza la creencia de que los fondos públicos se usan de forma indebida para enriquecimiento personal). En este contexto, el actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., estableció una comisión independiente para investigar posibles irregularidades en iniciativas de infraestructura y ordenó controles sobre el estilo de vida de los funcionarios gubernamentales para garantizar transparencia sobre la riqueza y los bienes.

El discurso civil está restringido en Filipinas, en particular, para aquellas personas que critican al Gobierno, incluidos aquellos que denuncian casos de corrupción. Las acusaciones falsas de corrupción también suelen utilizarse como una herramienta para atacar a los oponentes políticos. La persecución, llevada a cabo por agentes gubernamentales e intereses privados, incluido el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos, no es poco frecuente. Las organizaciones internacionales no gubernamentales Freedom House y Human Rights Watch informaron que los periodistas y activistas críticos del Gobierno a menudo enfrentan causas penales y violencia extrajudicial. Algunos ejemplos notables son Percy Lapid (Percival Carag Mabasa) y Melinda "Mei" Magsino, dos periodistas filipinos prominentes, conocidos por informar sobre la corrupción. Según se informó, ambos fueron asesinados a causa de ese trabajo. Estas organizaciones también destacaron que continúa habiendo etiquetado en rojo, una práctica por la cual las autoridades estatales etiquetan y persiguen a activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos que critican al Gobierno, llamándolos comunistas, subversivos o terroristas, independientemente de sus creencias o afiliaciones actuales. En un informe reciente, la Relatora Especial sobre la libertad de expresión de la ONU advirtió que el etiquetado en rojo "aumenta significativamente el nivel de amenazas y constituye una forma de incitación a la violencia", lo que debilita el espacio cívico y deslegitima el trabajo en derechos humanos.

Respecto de las imágenes de esta publicación, en marzo de 2025, Co negó tener la titularidad de un avión que se había utilizado para transportar al expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte para enfrentar cargos en La Haya. Hubo mucho debate en torno a este asunto en internet, incluso debido a la especulación de que el mismo avión había sido utilizado previamente por el presidente Marcos Jr., lo que llevó a los usuarios de internet y algunas figuras políticas a preguntarse a quién le pertenecía y quién había pagado el vuelo. Co renunció en septiembre de 2025 de la Cámara de Representantes, luego de haber sido convocado para comparecer ante la comisión encargada de la investigación.

2. Respuestas del usuario

El creador de contenido recibió una notificación sobre la revisión del Consejo, pero no proporcionó ninguna declaración.

3. Respuestas y políticas de contenido de Meta

I. Políticas de contenido de Meta

Violencia e incitación

En las bases de la política de violencia e incitación, se indica que Meta elimina "el lenguaje que incita o da lugar a actos de violencia y amenazas creíbles a la seguridad pública o personal". También se señala que las "personas suelen expresar desprecio o desacuerdo mediante amenazas o apelaciones a la violencia sin intenciones serias y de forma casual" y que Meta intenta "tener en cuenta el lenguaje y el contexto para distinguir afirmaciones casuales […] de contenido que constituya una amenaza creíble a la seguridad pública o privada".

En la política, se precisa que todas las personas están protegidas contra las "amenazas de violencia que podrían llevar a la muerte (u otras formas de violencia de gravedad alta)". También se prohíben las amenazas de violencia "que podrían ocasionar lesiones graves (violencia de gravedad media)". Además, se define "amenazas de violencia" como "frases o imágenes que representan una intención, aspiración o llamada a cometer actos de violencia contra [un objetivo]. Las amenazas pueden expresarse con frases de diversos tipos, como declaraciones de intención, llamadas a la acción, dichos en defensa de una causa, expresiones de esperanza o deseo, y afirmaciones condicionales". En las pautas internas que Meta proporciona a los moderadores, se señala que la "persecución es un método de violencia si existe un contexto claro que indique que el objetivo de la persecución es cometer actos violentos en contra del objetivo".

En la política, también se prohíben, en la etapa de escalamiento y con información o contexto adicionales, las "declaraciones cifradas en las que el método de violencia no se expresa con claridad, pero hay una amenaza encubierta o implícita, según se indica mediante la combinación de una señal de amenaza y un indicio contextual". Una señal de amenaza puede incluir una declaración cifrada que se comparte en un contexto de venganza, que "actúa como una incitación amenazante" y que indica "conocimiento de información confidencial que podría exponer a otros a violencia o la comparte". Un indicio contextual se define como aquel en el que "el conocimiento o el contexto locales confirman que la declaración en cuestión podría conducir a violencia inminente", la persona objetivo o su representante reportan el contenido a Meta o la persona objetivo es un niño.

Bullying y acoso

En la norma comunitaria sobre bullying y acoso de Meta, se prohíben varias formas de comportamientos abusivos dirigidos contra las personas. En las bases de la política, se explica que el bullying y el acoso pueden presentarse de diversas formas, por ejemplo, "amenazas" y "envío de mensajes amenazantes". También se hace "una distinción entre las figuras públicas y las personas no públicas" a fin de "dar lugar al diálogo, que a menudo incluye comentarios críticos de personas que aparecen en las noticias o tienen un público amplio".

En sus reglas públicas, Meta prohíbe las "alegaciones sobre comportamientos delictivos o ilegales" dirigidas a menores de edad no públicos. En las pautas internas que Meta proporciona a los revisores, también se estipula que, en la etapa de escalamiento, la empresa puede eliminar ciertas alegaciones sobre comportamientos delictivos contra adultos cuando el contexto demuestra que dicha alegación supone un riesgo de daño en la vida real para la persona mencionada.

II. Respuestas de Meta

Meta remitió este caso al Consejo porque incluía referencias a niños y lenguaje que podría percibirse como amenazante. La empresa destacó la tensión entre el "valor fundamental de expresión" y la seguridad y la privacidad que genera este caso. Meta indicó que "en situaciones en las que la familia del político (en particular, sus hijos) queda involucrada en acusaciones de corrupción, la expresión sigue siendo fundamental, pero la evaluación puede resultar un poco más complicada, en especial, cuando las acusaciones pueden sonar amenazantes".

Meta señaló que, en ocasiones, recibe "presiones por parte de políticos para eliminar este tipo de contenido, en especial, cuando se hace referencia a miembros de sus familias" y que "estas preocupaciones son mayores cuando esos familiares son menores de edad". En este caso, Meta destacó que "a las personas les interesa debatir sobre la presunta corrupción cometida por los funcionarios electos, y en algunos casos, esta podría involucrar a los miembros de sus familias". En respuesta a una pregunta del Consejo, Meta explicó que la declaración sobre las presiones de parte de políticos fue "anecdótica" y no se basó en "datos de los que se hace un seguimiento". Los equipos de la etapa de escalamiento de la empresa recordaron que recibieron quejas anteriormente de parte de políticos y funcionarios públicos sobre contenido en el que se los acusa de corrupción y se hace referencia a miembros de sus familias. Estos funcionarios "no amenazaron [a la empresa] por una falta de aplicación de las políticas", sino que solo solicitaron la eliminación del contenido.

En respuesta a las preguntas del Consejo, Meta explicó que, en este caso, escaló el contenido a expertos en la materia para que se realizara una revisión adicional luego de recibir "un reporte de un contacto de la Cámara de Representantes".

La empresa determinó que el contenido no representaba una amenaza directa ni encubierta conforme a su política de violencia e incitación. Inicialmente, Meta tradujo la descripción "Hindi ka namin patahimikin" como "Te perseguiremos" y señaló que "perseguir" exige una interpretación con "matices" conforme a las pautas internas de la empresa. Puede "sugerir una intención de cometer actos violentos, pero también puede ser inocua (sinónimo de buscar algo o a alguien)". En respuesta a una pregunta del Consejo sobre si Meta había considerado otras traducciones a la luz de las demás frases de la publicación, la empresa también compartió que otra posible traducción proporcionada por el experto regional fue la siguiente: "No te dejaremos conocer el silencio/la paz".

Con el beneficio de contar con expertos en la materia y en el contexto locales, Meta determinó que el contenido no incluía una amenaza directa de cometer actos violentos contra el político o su familia. Meta interpretó el significado de la frase "A costa de la seguridad y la protección de tu familia" de la descripción de la publicación como "la corrupción puso a la familia en el ojo público de un modo desfavorable que compromete su seguridad". También interpretó la declaración "Te perseguiremos" como una "declaración de intención de erradicar el tipo de corrupción al que se hacía referencia en la publicación".

Meta también determinó que la publicación no incluía una amenaza encubierta por las mismas razones por las que sus equipos regionales determinaron que no constituía una amenaza directa (porque la publicación se interpretó como una "crítica política y una expresión de intención de responsabilizar al político por presuntos actos de corrupción"). Meta hizo referencia a los dos elementos necesarios de una amenaza encubierta en virtud de su política, pero no analizó la publicación en cuanto a ellos, ya que su "equipo regional no la interpretó como una amenaza en absoluto".

La empresa también determinó que la publicación no infringía su política de bullying y acoso que prohíbe las alegaciones sobre comportamientos delictivos contra menores no públicos. Meta explicó que el contenido no afirmaba nada que sugiriera que los niños se habían involucrado en comportamientos delictivos. También indicó que consideraba que el político era el centro de la crítica, y no sus hijos.

Meta también determinó que el contenido no infringía sus pautas internas correspondientes a la política de bullying y acoso, que prohíben ciertas alegaciones sobre comportamientos delictivos contra adultos cuando "en la etapa de escalamiento, el contexto demuestra que dicha alegación supone un riesgo de daño en la vida real para la persona mencionada". Meta destacó que, incluso si el texto pudiera interpretarse como una alegación sobre comportamientos delictivos, el político integra el poder legislativo y califica como figura pública. Conforme a esta política, las figuras públicas, al contrario de lo que sucede con las personas no públicas, no están protegidas contra estos tipos de ataques porque las alegaciones sobre comportamientos delictivos suelen ser parte de un discurso legítimo por el que se critica a los políticos. También destacó que la empresa no tenía ninguna indicación, según los comentarios recibidos del equipo regional, de que el contenido contribuyera a riesgos de daño en la vida real para el político o su familia.

El Consejo le hizo preguntas a Meta sobre los clasificadores que identificaron el contenido como potencialmente infractor y cómo prioriza el contenido para revisión; los enfoques que Meta considera para proteger los derechos de los miembros de las familias implicados en acusaciones de corrupción; y cómo Meta suele responder a las solicitudes de políticos en situaciones como esta. Meta respondió todas las preguntas.

4. Comentarios del público

El Consejo recibió cuatro comentarios del público que cumplieron las condiciones de presentación. Dos de los comentarios procedieron de Latinoamérica y el Caribe, uno de Europa y uno de Estados Unidos y Canadá. Para leer los comentarios del público enviados con consentimiento de publicación, haz clic aquí.

Los comentarios enviados se referían a los siguientes temas: cómo proteger la expresión política sobre la corrupción, en particular, cuando involucra amenazas retóricas o aborda a miembros de la familia de políticos y funcionarios públicos, incluidos menores de edad; equilibrio a la hora de proteger los derechos de los niños cuando se ven implicados o representados en tales contextos; amenazas retóricas como una característica del discurso político mundial; informes e investigaciones anticorrupción; y estrategias de corrupción para encubrir bienes a través de miembros de la familia.

5. Análisis del Consejo asesor de contenido

El Consejo seleccionó este caso porque pone de manifiesto los desafíos implicados en la evaluación de la libertad de expresión en el contexto de acusaciones de corrupción política (un pilar del discurso político), en particular, cuando dichas acusaciones pudieran hacer referencia a miembros de la familia de políticos o funcionarios públicos, lo que genera preocupación por la seguridad y la privacidad de los menores de edad. Este caso se enmarca dentro de la prioridad estratégica del Consejo en materia de elecciones y espacio cívico.

El Consejo analizó la decisión de Meta en este caso respecto de sus políticas de contenido, valores y responsabilidades en materia de derechos humanos. Asimismo, el Consejo evaluó las implicaciones de este caso para el enfoque más general de Meta en cuanto a la gobernanza de contenido.

5.1 Cumplimiento de las políticas de contenido de Meta

Reglas de contenido

Norma comunitaria sobre violencia e incitación

Los asuntos que involucran amenazas contra la seguridad y el bienestar de niños en internet deben tratarse con seriedad y abordarse con prontitud. No obstante, el Consejo determinó que el contenido de este caso no infringe la política de violencia e incitación ni implica directamente tales cuestiones. En la publicación, se critica a un político por denuncias de corrupción. A la luz de la traducción realizada con fundamentos culturales de las palabras incluidas en la publicación, no incluye una amenaza directa ni encubierta.

En primer lugar, la publicación no incluye amenazas "que podrían llevar a la muerte (u otras formas de violencia de gravedad alta)" ni "ocasionar lesiones graves (violencia de gravedad media)", según se las define en la política. Las frases de la publicación que podrían interpretarse como incitación a la violencia se entienden de mejor modo como denuncias de corrupción y un compromiso para dejarla al descubierto. Los expertos en lingüística a quienes consultó el Consejo explicaron que la frase "Hindi ka namin patahimikin", inicialmente traducida por Meta como "Te perseguiremos", literalmente significa "No te dejaremos en paz" o "No dejaremos que tengas una vida tranquila", pero puede interpretarse de mejor modo como "No lo dejaremos pasar". En vista de esta traducción, no constituye una amenaza de violencia, sino más bien una promesa de investigar y sacar a la luz los actos de corrupción del político. En este contexto, otras frases, incluidas "A costa de la seguridad y la protección de tu familia" y "Este es el precio, Zaldy… tu familia", no deberían interpretarse como una declaración de intención de cometer actos violentos ni una incitación a hacerlo. Estas cuestionan y acusan a Co por presuntamente involucrar a su familia en hechos de corrupción y exponerla al escrutinio público.

En segundo lugar, la publicación tampoco incluye una amenaza encubierta, la cual requeriría una "señal de amenaza" y un "indicio contextual". La señal de amenaza puede depender del contexto, por ejemplo, al hacer referencia a hechos de violencia histórica o por venganza, invitar a otras personas a cometer actos violentos o compartir información confidencial. El contenido no se compartió en un contexto de venganza, sino más bien en medio de acontecimientos y debates políticos de relevancia relacionados con un estado de corrupción política generalizada. Entre otros, debates públicos sobre la titularidad del avión que transportó al expresidente Duterte a La Haya tras su arresto y especulaciones sobre el hecho de que el entonces congresista Co fuera el propietario del avión. Tampoco hay referencias a hechos de violencia histórica. Para determinar si la publicación invitaba a otras personas a cometer actos violentos, el Consejo evaluó los mismos factores interpretativos descriptos anteriormente (incluido el contexto local, el uso lingüístico y la falta de una intención evidente de cometer daños) para determinar que no hay "una incitación amenazante". La publicación tampoco revela "conocimiento de información confidencial que podría exponer a otros a violencia [ni] la comparte" e incluye únicamente alegaciones de corrupción extensamente debatidas por el público. Según se informó, la foto familiar se había compartido públicamente en los medios sociales del político.

De forma similar, la publicación tampoco cumple con el "indicio contextual", que exige información adicional basada en el contexto o comentarios de los expertos que confirmen la probabilidad de violencia; que la persona objetivo sea quien reporte el contenido; o que la persona objetivo sea un menor de edad. En este caso, el contexto no indica ningún riesgo inminente ni probable de violencia contra el político o su familia. El político no fue quien reportó el contenido (otro posible indicio contextual). Por último, la publicación se dirige al político con acusaciones de corrupción, y no a sus hijos, a quienes solo se hace referencia en el contexto de esas acusaciones.

Norma comunitaria sobre bullying y acoso

El contenido de este caso no infringe la política de bullying y acoso. El Consejo estuvo de acuerdo con Meta en que la publicación no incluye alegaciones sobre comportamientos delictivos o ilegales dirigidos contra menores no públicos, aunque insinúa que su padre podría haberlos involucrado en sus presuntos actos de corrupción. Tampoco infringe las pautas internas de Meta que prohíben las alegaciones sobre comportamientos delictivos contra adultos cuando pudieran generar daños en la vida real.

Varios factores indican que las acusaciones de corrupción del contenido en revisión están dirigidas únicamente al político, quien es una figura pública y un adulto, y no a los miembros de su familia. La publicación no menciona a los niños ni se dirige a ellos directamente, sino que se centra en el político. Expertos en lingüística a quienes consultó el Consejo destacaron que la publicación denuncia posibles actos de corrupción de alto rango cometidos por un político. No hace acusaciones de que los niños ni ningún otro miembro de su familia procuraran participar en actividades delictivas, sino que critica el posible involucramiento de los menores realizado por el político. El usuario que realizó la publicación además expresó preocupación por los niños y culpó a su progenitor presuntamente corrupto por haberlos involucrado en un esquema que pudiera comprometer su seguridad.

El Consejo destacó que la política que prohíbe las alegaciones sobre comportamientos delictivos contra menores no públicos debería usarse para proteger a los niños, pero no para silenciar las acusaciones de corrupción cuando se utiliza a niños como representantes.

5.2 Cumplimiento de las responsabilidades de Meta en materia de derechos humanos

El Consejo afirmó que mantener el contenido en la plataforma es coherente con las responsabilidades de Meta en materia de derechos humanos.

Libertad de expresión (artículo 19 del ICCPR)

El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) establece una amplia protección de la libertad de expresión, incluido el discurso político, y protege "incluso a expresiones que puedan considerarse profundamente ofensivas" (observación general n.º 34, párrafos 11, 13 y 38). En dicho artículo, se concede una protección "sumamente importante" al "debate público sobre figuras políticas y de las instituciones públicas" como un componente esencial de la gestión de asuntos públicos (observación general n.º 34, párrafos 38 y 20). También se indica explícitamente que "todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política" (observación general n.º 34, párrafos 38 y 20). El Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión destacó que la libertad de expresión "es una herramienta importante en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción" (A/HRC/14/23).

Si un Estado impone restricciones sobre la libertad de expresión, estas deben cumplir los requisitos de legalidad, fin legítimo y necesidad y proporcionalidad (artículo 19, párrafo 3, ICCPR). Se suele hacer referencia a estos requisitos como "prueba de tres partes". El Consejo utiliza este marco para interpretar las responsabilidades de Meta en materia de derechos humanos en línea con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que Meta se comprometió a cumplir en su Política corporativa de derechos humanos. El Consejo lo hace tanto respecto de la decisión sobre el contenido en particular en revisión como de lo que esto pone de manifiesto acerca del enfoque más amplio de Meta en relación con la gestión del contenido. Como indicó el Relator Especial de la ONU sobre libertad de expresión, "las empresas no tienen las obligaciones de los Gobiernos, pero sus efectos son de un tipo que les obliga a evaluar el mismo tipo de cuestiones sobre la protección del derecho de sus usuarios a la libertad de expresión" (A/74/486, párrafo 41).

I. Legalidad (claridad y accesibilidad de las reglas)

El principio de legalidad conforme a la legislación internacional de derechos humanos requiere que cualquier regla que limite la expresión sea clara y de acceso público (observación general n.º 34, párrafo 25). Las reglas que restringen la expresión "no pueden conferir a los encargados de su aplicación una discrecionalidad sin trabas para restringir la libertad de expresión" y "deben proporcionar suficientes orientaciones a los encargados de su ejecución para que puedan distinguir cuáles expresiones pueden restringirse correctamente y cuáles no" (A/HRC/38/35, párrafo 46). Las personas que usan las plataformas de Meta deben ser capaces de acceder a las reglas y entenderlas, y los revisores de contenido deben tener pautas claras para su aplicación.

El Consejo determinó que, según se aplican a este caso, las políticas de Meta cumplen las normas sobre legalidad.

Respecto de la política de violencia e incitación, en respuesta a la recomendación del Consejo realizada en la decisión del caso Música drill británica, ahora se aclara en la política disponible públicamente que, para que el contenido se elimine por constituir una amenaza encubierta, se requiere una "señal de amenaza" y un "indicio contextual".

La política de bullying y acoso, en la que se prohíben las alegaciones sobre comportamientos delictivos o ilegales contra menores no públicos, también está disponible de forma pública y clara para los usuarios y los revisores de contenido. No obstante, al Consejo le preocupa que la disposición que prohíbe las alegaciones sobre comportamientos delictivos realizadas contra adultos cuando, "en la etapa de escalamiento, el contexto demuestra que las alegaciones suponen un daño en la vida real para la persona mencionada" se incluya únicamente en las pautas internas proporcionadas a los revisores, en lugar de en la versión pública de la política. El Consejo previamente había recomendado que las pautas internas de Meta se vieran reflejadas en sus políticas públicas, de modo que los usuarios pudieran comprender claramente qué está permitido y qué está prohibido, anticipar de qué modo se aplicarán las reglas y adaptar su comportamiento en consecuencia (consulta la opinión consultiva sobre el uso compartido de información residencial privada y los casos Manifestaciones en Colombia, Eslogan de protesta contra Irán, Declaraciones sobre el primer ministro de Japón, Violencia contra las mujeres y Video de maquillaje para un matrimonio infantil en Irán).

II. Fin legítimo

Conforme la legislación internacional de derechos humanos se aplique a los Estados, cualquier restricción sobre la libertad de expresión debe procurar, además, uno o más de los fines legítimos mencionados en el ICCPR, entre ellos, proteger la seguridad y los derechos de los demás.

Por medio de la norma comunitaria sobre violencia e incitación, se pretende "evitar daños en el mundo real" eliminando el contenido que representa "un riesgo real de daños físicos o amenazas directas a la seguridad pública". Esta política ampara el fin legítimo de proteger el derecho a la vida y la seguridad (artículos 6 y 9 del ICCPR) (consulta el caso Declaraciones sobre el primer ministro de Japón). En la norma comunitaria sobre bullying y acoso, se indica que su fin es proteger a los usuarios contra el bullying y el acoso materializados a través de "amenazas, divulgación de información de identificación personal, envío de mensajes amenazantes y contacto no deseado con intención maliciosa". Ampara el fin legítimo de proteger los derechos de otras personas (consulta el caso Videos de debate sobre identidad de género), incluidos los derechos a la privacidad y a la seguridad (artículos 9 y 17 del ICCPR).

III. Necesidad y proporcionalidad

El principio de necesidad y proporcionalidad previsto en el artículo 19(3) del ICCPR exige que las restricciones que se apliquen a la expresión "deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora; deben ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado; y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse" (observación general n.º 34, párrafo 34).

El Consejo determinó que la decisión de Meta de mantener el contenido en la plataforma se alinea con sus responsabilidades en materia de derechos humanos. La eliminación u otras restricciones no eran necesarias para proteger la vida, la seguridad ni la privacidad de las personas a quienes se hacía referencia en la publicación, en especial, dado el contexto específico en el que se publicó el contenido. El hecho de que el contenido en cuestión no incluyera una amenaza ni una incitación a la violencia hace que cualquier restricción fuera innecesaria.

Las personas deben poder expresar sus ideologías políticas, incluidas las críticas al comportamiento de los políticos. En la legislación internacional de derechos humanos, este tipo de discurso es una parte central de la expresión política protegida. Se les exige a los líderes políticos y los funcionarios públicos tolerar un mayor grado de escrutinio y críticas que las personas no públicas, dado su papel influyente en los asuntos públicos y el derecho del público a exigir que asuman su responsabilidad (consulta la observación general n.º 34, párrafos 11 y 38). Estos principios reflejan el derecho del público a involucrarse en debates sustanciosos sin temor a la censura.

En reiteradas ocasiones, el Consejo resaltó la importancia del debate público, incluso cuando se usa lenguaje figurativo para criticar a Gobiernos, políticos o funcionarios públicos (consulta los casos Eslogan de protesta contra Irán, Mujer iraní confrontada en la calle, Informe sobre el discurso del Parlamento pakistaní y Declaraciones sobre el primer ministro de Japón). En estos casos, el Consejo destacó que la expresión usada para criticar a los funcionarios públicos debe evaluarse dentro del contexto social y lingüístico, a fin de comprender correctamente los riesgos que pudiera suponer. En un comentario del público enviado al Consejo, la organización anticorrupción Transparency International también destacó el papel de los movimientos en internet a la hora de exponer casos de corrupción y destacó que pueden movilizar a los ciudadanos, exigir responsabilización y desafiar los abusos de poder, incluso cuando las instituciones tradicionales resultan insuficientes (consulta el comentario PC-31435).

Esto es especialmente importante en entornos en los que la libertad de expresión para denunciar casos de corrupción puede verse restringida o ser peligrosa. En un informe reciente sobre Filipinas, la Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de expresión manifestó preocupación por el etiquetado en rojo, la vigilancia, el acoso e incluso los asesinatos que ponen en peligro a aquellos que denuncian o investigan abusos gubernamentales. La Relatora destacó que "informar de manera crítica sobre las políticas estatales […] no equivale a actos de terrorismo, sino a actividades legítimas según la legislación internacional de derechos humanos" e instó al Gobierno a "poner fin a la intimidación y el acoso, así como a las amenazas y a los ataques, dirigidos a periodistas, defensores de los derechos humanos y actores de la sociedad civil". Asimismo, una investigación llevada a cabo por el Consejo puso de manifiesto que, en Filipinas, las personas que critican a políticos y exponen actos de corrupción a menudo enfrentan un mayor riesgo de sufrir represalias que los políticos mismos.

Los derechos a la seguridad y a la privacidad son preocupaciones clave, pero restringir la expresión no es necesario en este caso. Para determinar los posibles riesgos para la seguridad o la privacidad de las personas mencionadas en la publicación, el Consejo evaluó varios factores. Con respecto a la seguridad, los elementos contextuales sugieren que el lenguaje utilizado corresponde a un debate político que critica a un funcionario público por presuntos actos de corrupción y no incluye ninguna amenaza de violencia. Con respecto a la privacidad, el contenido hace referencia a la familia del político en el contexto de alegaciones en las que se acusa al político de haber encubierto bienes a través de ella. La foto no incluye información privada ni confidencial, y aparentemente, el político la habría compartido antes públicamente en sus medios sociales. Aparte del político, no se menciona a ningún otro miembro de la familia en la publicación.

En cuanto a la política, evaluar riesgos para la privacidad y la seguridad, en particular, en relación con niños, exige una consideración minuciosa. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU afirmó que la "moderación y el control de los contenidos deben equilibrarse con el derecho de los niños a la protección frente a las violaciones de otros derechos, especialmente su derecho a la libertad de expresión y a la privacidad" (consulta la observación general n.º 25). Sin embargo, el Consejo cree que los funcionarios públicos no deben utilizar este fin de protección para salvaguardarse a sí mismos del escrutinio.

Meta le informó al Consejo que, en ocasiones, recibe "presiones de parte de políticos para eliminar este tipo de contenido" cuando hace referencia a miembros de sus familias, incluidos sus hijos, y destacó los desafíos que enfrenta a la hora de evaluar la libertad de expresión en tales situaciones. Las solicitudes de eliminar publicaciones de los medios sociales que exponen presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de alto rango deben someterse a un escrutinio exhaustivo (consulta el comentario del público realizado por Transparency International, PC-31435). Si bien las acusaciones de corrupción pueden, en ocasiones, ocurrir en el contexto de ataques amenazantes (consulta el caso Contenido dirigido a una defensora de los derechos humanos de Perú), Meta debe reconocer que, cuando no hay amenazas de violencia (como en este caso), tales solicitudes podrían no siempre intentar proteger a los niños, sino servir como un intento por parte de figuras poderosas de protegerse contra la responsabilización y suprimir un debate legítimo. Si bien los derechos y la seguridad de los niños siempre deben protegerse, estas protecciones no pueden servir como un pretexto para silenciar las acusaciones de conductas indebidas de funcionarios públicos. La respuesta adecuada debe ser necesaria y proporcionada, evaluar los indicios contextuales con atención, reconocer el gran interés del público en la transparencia y la responsabilización, y garantizar la protección correspondiente de los debates en que se denuncia una presunta corrupción cometida por funcionarios públicos.

En este caso, la aplicación de las políticas en la etapa de escalamiento dio lugar a un resultado correcto. Los sistemas automatizados para la aplicación de políticas de Meta identificaron el contenido como potencialmente infractor de las Normas comunitarias. Si se hubiera priorizado para una revisión manual, el resultado hubiera dependido de la capacidad de los revisores que trabajan a gran escala de interpretar el contexto y el lenguaje locales. En casos previos, el Consejo reiteradamente destacó las inconsistencias en la aplicación de políticas a gran escala en relación con las amenazas no literales y le solicitó a Meta recurrir a expertos locales y contextuales para tomar las decisiones difíciles (consulta los casos Convocatoria a protesta de mujeres en Cuba, Declaraciones sobre el primer ministro de Japón, Eslogan de protesta contra Irán y Mujer iraní confrontada en la calle). Si bien Meta informó avances en la implementación de estas recomendaciones, todavía no se ejecutaron en su totalidad. Meta le informó al Consejo que sigue "trabajando de forma más amplia en la política de violencia e incitación, y mantiene su compromiso de llevar a cabo un avance en sus políticas" para lograr un mejor equilibrio entre la incitación a la violencia y la expresión política (consulta el informe semestral de Meta del primer semestre de 2025 sobre el Consejo asesor de contenido y el caso Declaraciones sobre el primer ministro de Japón). El Consejo reiteró la vigencia de la importancia de esas recomendaciones en este caso.

6. Decisión del Consejo asesor de contenido

El Consejo ratificó la decisión de Meta de conservar el contenido.

7. Recomendaciones

1. El Consejo asesor de contenido reiteró sus recomendaciones previas a Meta de mejorar la aplicación de políticas en función de un análisis contextual relacionado con lenguaje potencialmente amenazante, realizadas en los casos Eslogan de protesta contra Irán, Convocatoria a protesta de mujeres en Cuba y Declaraciones sobre el primer ministro de Japón. Esto incluye la modificación de las pautas internas que proporciona a los revisores de contenido, donde sea pertinente, para abordar toda falta de claridad, vacíos o inconsistencias.

* Nota de procedimiento:

• La preparación de las decisiones del Consejo asesor de contenido está a cargo de paneles conformados por cinco miembros, quienes deben aprobarlas por mayoría. Las decisiones del Consejo no necesariamente representan las opiniones de todos los miembros.
• En virtud de su acta constitutiva, el Consejo asesor de contenido tiene la facultad de revisar apelaciones de usuarios cuyo contenido fue eliminado por Meta, apelaciones de usuarios que reportaron contenido que Meta mantuvo publicado y decisiones que Meta le presente (artículo 2, sección 1, del acta constitutiva). El Consejo tiene autoridad vinculante para ratificar o anular las decisiones sobre contenido de Meta (artículo 3, sección 5 y artículo 4 del acta constitutiva). El Consejo podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las que Meta deberá responder (artículo 3, sección 4, y artículo 4). Cuando Meta se compromete a tomar medidas respecto de las recomendaciones, el Consejo supervisa su implementación.
• En cuanto a la decisión del caso, se encargó una investigación independiente en nombre del Consejo. Lionbridge Technologies, LLC, con especialistas en más de 350 idiomas que trabajan en 5.000 ciudades diferentes, se encargó de las competencias en materia lingüística.

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